El Gobierno ha aprobado el ingreso mínimo vital, que garantizará una renta de entre 461 y 1.015 euros a 850.000 hogares, una medida contra la pobreza extrema que preveía impulsar a lo largo de la legislatura y que finalmente ha adelantado para hacer frente a la grave emergencia económica derivada de la pandemia.
Con un coste anual de 3.000 millones de euros, se espera que esta prestación, que ha sido definida por el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, como el mayor avance en derechos sociales desde la ley de dependencia, llegue a 2,3 millones de personas, un tercio de ellas menores de edad. Podrá solicitarse a partir del 15 de junio y todas las peticiones que se cursen hasta el 15 de septiembre se cobrarán con carácter retroactivo desde el 1 de junio.
El anuncio del Gobierno cierra una semana de alta tensión política, elevada día a día por las acusaciones cruzadas en las Cortes, la investigación judicial del 8M y los ceses de altos mandos de la Guardia Civil, en la que la crisis sanitaria, cuya evolución epidemiológica sigue siendo muy favorable, con solo 2 muertos y 187 nuevos diagnósticos en las últimas 24 horas, ha vuelto a quedar relegada en ocasiones a un segundo plano.
INGRESO MÍNIMO
El ingreso mínimo vital, una de las banderas del programa de gobierno de PSOE y Unidas Podemos, se ha sustanciado tras semanas de preparación del real decreto y de un intenso debate en el seno del Ejecutivo, precipitado por la pandemia y las consecuencias del confinamiento sobre los sectores de la población más vulnerables y en riesgo de pobreza.
El umbral mínimo de renta garantizado para cada tipo de hogar, en razón del número de miembros, parte de 461,5 euros al mes en doce pagas para un adulto solo, el equivalente a una pensión no contributiva, y se incrementará en 139 euros al mes por cada persona adicional, adulto o niño, hasta un máximo de 1.015,3 euros. Los hogares monoparentales tendrán un complemento de 100 euros mensuales. Se calcula que serán el 16 % del total, 9 de cada 10 encabezados por una mujer.
La prestación, que cubrirá la diferencia entre la renta y el umbral fijado para ese tipo de hogar, la podrán solicitar todas las personas que tengan entre 23 y 65 años -o desde 18 y 65 años si hay menores a cargo- que lleven al menos un año de residencia legal en España.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha destacado que esta medida supondrá la práctica erradicación de la pobreza extrema, que actualmente afecta a 600.000 hogares y 1,6 millones de personas en España. La ayuda, que es compatible con las rentas mínimas autonómicas, estará ligada a itinerarios para mejorar la inclusión, vinculados a la participación en el mercado de trabajo y al acceso a la formación, e incorporará incentivos al empleo.
RUIDO POLÍTICO
El eco del último enfrentamiento entre el vicepresidente Iglesias y Vox, ayer en la Comisión de Reconstrucción del Congreso, donde dijo que les gustaría dar un golpe de Estado, pero no se atreven, ha llegado a la rueda de prensa de presentación del ingreso mínimo, si bien el líder de Podemos ha rebajado el tono: "Ayer dije la verdad pero me equivoqué, porque al caer en una provocación quité el foco de los temas importantes, que eran los temas de la reconstrucción. Hoy no me voy a volver a equivocar".
Ese encontronazo sirve de ejemplo de cómo la refriega política ha eclipsado la evolución de la epidemia y ha ocupado el centro del debate público en medio de un clima de polarización cada vez más acusado. En ese contexto, y con la oposición frontal del PP y Vox, el Gobierno sigue negociando con los grupos parlamentarios la sexta y última prórroga del estado de alarma que solo pedirá, según avanzó la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, si tienen atada la mayoría.
Cs mantiene su disposición a hablar y el PNV, todavía molesto por el pacto de PSOE y Podemos con EH Bildu para derogar la reforma laboral, ha celebrado el acuerdo para que Euskadi gestione el ingreso mínimo y ha advertido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que debe demostrar que ellos siguen siendo su "socio prioritario".
La prórroga permitiría al Gobierno cubrir con la protección del estado de alarma la fase final de la desescalada, si bien ya prepara reformas legales por si no lograra sacarla adelante.
Otro de los asuntos que ha centrado la atención en las últimas jornadas, la instrucción judicial sobre la manifestación del 8M y el polémico informe de la Guardia Civil que ha llevado a la imputación del delegado del Gobierno en Madrid, ha tenido un nuevo capítulo con la decisión de la juez Carmen Rodríguez Medel de rechazar investigar al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.
Tras los ceses y dimisiones en la cúpula del instituto armado, el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que nadie de su departamento ni de la dirección de la Guardia Civil pidió dicho informe al coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid Diego Pérez de los Cobos, cuya destitución fue enmarcada por el propio ministro en una "reconstrucción de nuevos equipos".