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Educación investiga la implantación en Tenerife de una universidad no autorizada

Tubigú

La Dirección General de Universidades del Gobierno de Canarias ha pedido a los servicios jurídicos que evalúen las consecuencias que pueden derivarse de la implantación en Tenerife de una universidad privada (TECH Universidad Tecnológica), que no ha sido reconocida oficialmente.

Esta situación ha sido abordada por la Dirección General en una carta remitida a la rectora de la Universidad de La Laguna, Rosa Aguilar, que ha dado cuenta este jueves en el consejo de gobierno de la institución de la preocupación de dicho organismo autonómico ante la implantación de una universidad privada no reconocida oficialmente, y que sin contar con las autorizaciones necesarias ya ha empezado a operar en Canarias.

Aguilar leyó la carta recibida del director general, Manuel Ramírez, a través de la cual le manifiesta el parecer desfavorable de este departamento, señala el centro docente en un comunicado.

“TECH Universidad Tecnológica no es ni una universidad, ni es la mayor universidad digital en español”, señala la misiva dirigida a la rectora.

Advertencia de la Dirección General de Universidades

“En este sentido, esta Dirección General de Universidades quiere advertir que esta marca ni está instalada en España como universidad privada, ni tiene constancia de que esté instalada en ningún país de Latinoamérica como una universidad de carácter oficial”, apunta el mismo documento.

Toda la actividad formativa de esta entidad, prosigue el mismo texto, “ni son títulos universitarios, ni son titulaciones propias de posgrado, ya que dichas titulaciones solo pueden ser expedidas en el territorio español por las universidades públicas o privadas que hayan sido reconocidas y autorizadas”.

El director general recuerda además el informe desfavorable de la Conferencia General de Política Universitaria del Ministerio de Universidades.

Consecuencias jurídicas

La información sobre el inicio de la actividad empresarial de este negocio ha sido trasladada a los servicios jurídicos de la Consejería de Educación, con el objeto de que informe sobre las consecuencias jurídicas que podrían derivarse del desarrollo de dichas actividades sin contar con el reconocimiento legal.

“Estas consecuencias jurídicas pueden ser de extrema gravedad, si tomamos en consideración las posibles denuncias de las personas que hayan podido matricularse en alguno de sus cursos, al creer que se trata de títulos propios universitarios ofertados por una universidad legalmente reconocida para realizar sus actividades desde Canarias”, concluye el director general.

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