La Autoridad Portuaria de Las Palmas (APLP) trabaja en la aprobación de un paquete de normas para regular el tráfico marítimo entre los dos principales astilleros del Puerto de La Luz que no ha sido consensuado con las empresas afectadas.
Se trata de una instrucción para ordenar y controlar el tráfico marítimo entre el tramo norte del muelle Reina Sofía y el muelle Asticán NE, con la finalidad de gestionar las autorizaciones de atraque en los espacios concedidos a Reparaciones Navales Canarias SA (Repnaval) y Astilleros Canarios SA (Astican).
A debate
La nueva regulación, que busca coordinador a los dos astilleros en las operaciones de entrada y salida de los buques, está pendiente de debatirse en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas.
Fuentes del sector explican que ni Repnaval ni Astican han participado o han sido consultadas para elaborar la instrucción, la cual afecta a sus concesiones y ha sido recibida de manera dispar.
Posturas
Una de esas compañías, Repnaval, que pertenece al grupo Zamakona, ha presentado un escrito a la Autoridad Portuaria en el que demanda explicaciones sobre el alcance de esas nuevas normas de juego, las cuales podrían mermar la capacidad operativa de su astillero, que ha sido reformado recientemente para sacar del agua buques de mayor anchura, como los catamaranes de pasajeros entre las islas.
Desde Astican, sin embargo, la perspectiva es diferente. La compañía, que necesita renovar la concesión, ha presentado un proyecto para invertir 26 millones de euros y triplicar su línea de atraque, ampliando sus muelles a cambio de otros 25 años de actividad, entre otras mejoras respecto a su inversión original.
Nuevo muelle
La creación del muelle proyectado conlleva que ambos astilleros se coordinen en las entradas y salidas de los buques, pues prácticamente comparten el mismo canal de acceso al muelle Reina Sofía, que es donde atracan las plataformas y los barcos de mayor calado.
Las instrucciones que emiten las autoridades portuarias, en cualquier caso, son siempre de obligado cumplimiento para los concesionarios de dominio público portuario, los cuales tienen que acatar las indicaciones de la administración para prestar el servicio o ejercer la actividad autorizada.