Cada vez más instituciones están presionando al Ministerio para la Transición Ecológica a tomar cartas al respecto de la obsolescencia que sufren los grupos de generación eléctrica de las islas. La vía que se está fomentando es conseguir una excepción para que Endesa pueda renovar sus grupos de generación sin necesidad de convocar un concurso público. Y ya de paso fomentar el uso del gas natural en estos grupos o la puesta en marcha de una central hidroeléctrica, en el caso de Tenerife.
Los plenos de los cabildos de Tenerife y Gran Canaria han reclamado a través de sendas declaraciones institucionales a garantizar el suministro eléctrico en las islas, ante la obsolescencia que sufren la mayor parte de los grupos de generación y ante el miedo de que pueda suceder otro apagón similar al ocurrido en La Gomera.
Más potencia en las islas
Un informe de Red Eléctrica de España avisó en 2021 que ambas islas necesitan aumentar el número de megavatios, lo que ha llevado a los dos plenos a reclamar que se aumente la potencia en las islas. En el caso de Tenerife, la moción requiere instalar 80 megavatios “o los que resultase necesario” para “mantener la seguridad del suministro”.
En el caso de Gran Canaria, la declaración institución reclama la instalación de entre cuatro y cinco grupos de generación de energía de 20-30 megavatios. Ambas peticiones se han realizado con todos los grupos políticos a favor.
Por qué la excepción
Pero la instalación de estos nuevos megavatios no es sencilla. La Ley 17/2013, para la garantía del suministro e incremento de la competencia en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares quiere favorecer la competencia en los sistemas de las islas y por ello “restringe la participación a aquellos operadores que ostenten una posición dominante en la actividad de generación”. En Canarias, la generación depende prácticamente de las centrales de Endesa.
La ley establece que el proceso de concurrencia competitiva será la norma para poner en marcha las instalaciones de generación en las islas. Pero desde que se aprobó la ley no ha habido ningún concurso público, por lo que los grupos de generación se han vuelto cada vez más obsoletos y no hay nuevas instalaciones no renovables que den estabilidad al sistema. Además, argumentan que el nuevo concurso puede tardar en ejecutarse “cinco o seis años”.
Difícilmente justificable
Esta situación es la que está provocando que las instituciones estén presionando cada vez más al Estado para que mediante Real Decreto-ley exceptúe a Canarias de esta ley y que Endesa pueda realizar inversiones directas. Sin embargo, el Miteco ya ha informado que esta excepción es “difícilmente justificable desde el punto de vista jurídico y competencial”.
Asimismo, ha asegurado el ministerio que instalar grupos de generación en las actuales centrales o en otros puntos de la red, por ejemplo, es competencia del Gobierno autonómico y que ellos son únicamente responsables “de autorizar la cobertura de costes con cargo al sistema eléctrico, al igual que el resto de los sobrecostes de generación en las islas”.
Pero desde las instituciones públicas canarias siguen insistiendo en la excepción. Este mismo jueves el Gobierno de Canarias solicitó una reunión con la ministra en funciones de Transición Ecológica para abordar la situación del sistema energético. La respuesta desde el Estado es que están dispuestos a tomar medidas “de inmediato” pero piden al Gobierno a desarrollar cuáles son sus medidas de urgencia.
Gas en Tenerife
Las medidas de urgencia que maneja el Gobierno de Canarias pasa por nuevos grupos de generación que pueden funcionar a través del gas. Este combustible, si bien se había rechazado con el anterior gobierno ahora se ha vuelto a poner sobre la mesa. La moción aprobada por el pleno de Tenerife insta a los gobiernos central y regional a implantar el uso del Gas Natural en la central de Ciclo Combinado en sustitución del gasoil y fueloil.
Además, la moción de Tenerife, que consta de 13 puntos también acuerda “impulsar el proyecto de central hidráulica reversible en Tenerife para garantizar el almacenamiento necesario”. Asimismo pide la aprobación de un nuevo plan de deslastre automático de cargas para los territorios no peninsulares, modernizar la red de distribución eléctrica o disponer un stock del material necesario para afrontar los posibles problemas en el sistema.