El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, ha asegurado este martes en el pleno del Parlamento regional que aun cumpliendo en toda su extensión el Plan Canario de Vivienda no se cubriría la demanda existente tanto de vivienda pública como privada.
Rodríguez ha hecho hincapié en que aparte de los más de 25.000 demandantes de vivienda pública inscritos en el registro hay "muchísima más gente" buscando en el mercado público, privado o de promoción, de ahí la reciente aprobación del decreto ley que declara la emergencia habitacional.
Este decreto, ha proseguido, "no es el punto final" de las políticas de vivienda del actual ejecutivo canario ni viene a sustituir al plan de vivienda aprobado la pasada legislatura, a cuenta de las críticas de la diputadas de Nueva Canarias y grupo Socialista Carmen Hernández y Patricia Hernández, que han pedido tramitarlo como decreto ley y que escuchen a ayuntamientos y cabildos.
Omisiones
Ambas han hecho hincapié en algunas omisiones del citado decreto tanto en lo relativo a la regulación de la vivienda vacacional, a la compra por parte de extranjeros para fines especulativos, o al fomento de la puesta en el mercado de la vivienda vacía, a lo que el consejero ha replicado que se hará dando mayores garantías a los propietarios.
Pablo Rodríguez ha recalcado que declarar la emergencia habitacional en Canarias, como hace el decreto en su artículo segundo, conlleva "tomar medidas extraordinarias" que sin esa situación de emergencia no habría que adoptar.
Hernández se ha quejado de que el decreto "plantea una dicotomía que no existe: o vivienda o planificación, o dotaciones o equipamiento", pues permite construir vivienda en dotaciones, sistemas generales y equipamientos que las ciudades han determinado en el marco de sus competencias.
Los ayuntamientos
Sobre esto, el consejero ha afirmado que lo que hace el decreto es poner a disposición de los ayuntamientos una opción más pero en ningún caso impondrá la cesión de suelo al Gobierno de Canarias.
La diputada socialista también ha puesto en cuestión el plazo de un mes para revisar las licencias, así como la actualización de módulos para que constructores privados hagan vivienda pública, pues según sus cálculos una vivienda en La Gomera en un espacio pensado para equipamientos costaría unos 213.000 euros, "por encima del mercado".
"Suelo finalista"
Pablo Rodríguez ha insistido en que lo que hace el decreto de medidas urgentes es ofrecer una salida a los ayuntamientos que no tienen "suelo finalista" que ceder para construir vivienda pública.
Pues "la realidad" es que si se quisiera hacer toda la que se necesita no habría suelo disponible suficiente, ha esgrimido el consejero; y "peor aún", ha añadido, el que tiene el Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) se concentra en las áreas metropolitanas, cuando "necesitamos construir en toda Canarias" para evitar el despoblamiento de las zonas rurales.