La Dirección General de Industria del Gobierno de Canarias ha tenido que modificar a regañadientes la declaración como francas de varias cuadrículas mineras y el posterior concurso convocado para buscar proyectos de investigación geotérmica en La Palma y Gran Canaria. La modificación se ha realizado pese a que los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma avalan el concurso, que incluye cuadrículas mineras que afectan al dominio público marítimo terrestre y que Estado señala que vulnera sus competencias.
En marzo de 2023, Industria declaró como francas 2.018 cuadrículas mineras (1.960 terrestres) de Gran Canaria y 1.224 cuadrículas mineras (940 terrestres) de La Palma tras la caducidad de los derechos mineros y convocó el concurso para otorgar permisos de investigación de recursos geotérmicos en ellas. El problema surgió ya que parte de estas cuadrículas ocupan parte de la costa de las islas y el ministerio de Transición Ecológica mostró su disconformidad.
El conflicto
Lo hizo a través de un informe de la Abogacía del Estado que aseguraba que el concurso convocado por Industria invade las competencias del Estado sobre aquellas actividades desarrolladas en el mar territorial. En concreto, la Abogacía del Estado aseguraba que en el concurso se incluían cuadrículas que afectaban al dominio público marítimo-terrestre, cuya competencia es estatal.
Sin embargo, la comunidad guarda reticencias a este respecto. Los Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias aseguran en otro informe que los permisos de investigación, siempre que estos se ubiquen en aguas canarias, competen a la Comunidad Autónoma. Se avalan en el artículo 163.1.c) del Estatuto de Autonomía de Canarias, que dice que son competencia autonómica el régimen minero y su regulación “y el régimen de intervención administrativa así como el control de las minas y los recursos mineros que estén situados en el territorio canario”.
Sin ir más allá
Esta disputa sobre quién tiene las competencias podría provocar la paralización del procedimiento o retrasos “no deseados en la tramitación”, ya que desde la comunidad prevén incluso que sea el Tribunal Constitucional quien tenga que resolver el conflicto. A fin de evitar ese conflicto, Industria ha cedido y ha eliminado 181 cuadrículas mineras de la convocatoria. Lo ha hecho ante “los efectos perniciosos” que la incertidumbre jurídica pueda causar, con “perjuicios a las empresas que operan en el sector de la geotermia”.
Otro argumento que usa Industria para evitar el conflicto son las ayudas del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía otorgadas recientemente a varios proyectos en estas islas y que obligan a realizar un sondeo, que alcanzaría los 2.000 metros de profundidad, antes del 31 de enero de 2026. Esta cuestión ajusta mucho los plazos para la exploración en superficie y posterior investigación profunda, por lo que si se suspende el concurso de las cuadrículas mineras se perderían también las ayudas.
Dados los cambios, Industria ha tenido que ampliar un mes la convocatoria para que las empresas cuyos proyectos afectan a las cuadrículas eliminadas modifiquen el texto. Por su parte, las iniciativas presentadas que no se ven afectadas por esta nueva orden son “plenamente válidas”, según la misma. En este sentido, el consorcio público-privado del Cabildo de La Palma será uno de los que tendrán que modificar ligeramente su proyecto para excluir las cuadrículas mineras que afectan al dominio público marítimo-terrestre en el sur de la isla.