Las principales patronales del sector turístico en Canarias, entre ellas Asofuer, FTL, FEHT y Ashotel, han criticado duramente la proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista que busca implantar un impuesto a las estancias turísticas en las islas.
Los hoteleros consideran que esta medida, que podría recaudar 250 millones de euros anuales, no reducirá el número de visitantes, pero sí supondrá "un castigo injustificado" al sector, restando competitividad a uno de los motores económicos de la región.
Según las patronales, el problema de Canarias no reside en la falta de financiación, sino en una gestión ineficaz de los recursos disponibles. Señalan que la actividad turística ya genera más de 3.400 millones de euros anuales en impuestos, una cantidad que, afirman, no se está ejecutando completamente. Además, advierten que el nuevo impuesto supondría una doble imposición para el sector, que es el que más contribuye a las arcas públicas.
Se cuestiona su legalidad
Las organizaciones empresariales también cuestionan la legalidad de la propuesta, subrayando que imponer este impuesto solo a los no residentes en Canarias podría contravenir la normativa europea, que no permite discriminación en función de la residencia dentro de la UE. De ser así, los residentes canarios también tendrían que pagar la tasa al alojarse en establecimientos turísticos de las islas, lo que generaría una polémica adicional.
Sin embargo, las patronales están abiertas a la idea de aplicar tasas específicas para la visita a espacios naturales, siempre que estas tengan un carácter finalista y se destinen a mejorar los servicios de limpieza, seguridad y conservación de esos entornos. Esta medida, aplicada ya en algunos lugares, podría generar empleo y ayudar a gestionar mejor el flujo de turistas, garantizando la preservación de los recursos naturales de Canarias.
El turismo en Canarias representa el 35,5% del Producto Interior Bruto (PIB) de las islas y genera el 40% del empleo directo. En términos de impuestos, se traduce en ingresos de 3.400 millones de euros anuales, suficientes para cubrir todo el presupuesto de educación de 2024 (2.373 millones), servicios sociales (711 millones), y otras áreas esenciales como industria, energía y acceso a la vivienda.
Los empresarios concluyen que gravar aún más al sector afectaría negativamente no solo al turismo, sino al bienestar económico y social del archipiélago.