Paseo de Las Canteras. Ático de 150 metros cuadrados. La vivienda, que cuenta con tres habitaciones y dos baños, se oferta en alquiler en un portal inmobiliario. ¿Su precio? 2.000 euros al mes. ¿Cuánto costaría si Canarias declarara la manzana donde se ubica ese piso como zona tensionada? Según el mecanismo de control habilitado este martes por el Ministerio de Vivienda, que permitirá a las comunidades autónomas poner topes a las rentas, el importe no debería superar los 1.145,63 euros mensuales.
El centro de Santa Cruz de Tenerife tampoco escapa a esa casuística. Un piso, en la calle San Francisco, se publicita en una web a un precio de mil euros. La casa cuenta con 50 metros cuadrados en los que se reparten dos habitaciones y un baño. El inmueble, de segunda mano, está amueblado. Si el Gobierno autonómico decidiera, en algún momento, decretar ese barrio como zona tensionada, el simulador habilitado por Estado señala que nunca se debería pagar más de 599,99 euros.
Acuerdos
El nuevo sistema nacional de precios de referencia del mercado de alquiler se puede consultar ya, pero las evaluaciones comenzarán a aplicarse el 13 de marzo. Sólo Cataluña, entre las comunidades autónomas que forman el Estado, ha iniciado los trámites que exhorta la Ley de Vivienda para topar los arrendamientos, aunque la Generalitat ha mostrado contrariedad por el sistema escogido en el ministerio y así lo dejó patente la consejera del área, Ester Capella, tras una reunión con la ministra Isabel Rodríguez este lunes en Madrid.
El índice ofrece un rango de precios con un límite superior o inferior, de máximos y mínimos por áreas geográficas. Sólo se aplicará si la comunidad autónoma declara la zona donde se ubica el inmueble como tensionada. Esa escala de tarifas, que parte de una premisa básica —no todas las casas son iguales—, permitirá al casero y al inquilino negociar para concretar un coste más justo de la vivienda, según el ministerio.
Información
La apliacación de este rango, además de la declaración de zona tensionada, se podrá llevar a cabo cuando el contrato finalice y tenga que renovarse. Si la vivienda es de un particular, el precio tendrá que ajustarse al arrendamiento anterior —aunque se podrá subir si han ejecutado obras de mejora en el inmueble—. Si el propietario es un gran tenedor —con 10 o más casas a su nombre—, no solo se tendrá en cuenta el contrato anterior, sino también el índice de precios de referencia y se aplicará el menor de los precios —ya sea el anterior de esa vivienda, ya sea el que marca el índice—.
Para elaborarlo, Vivienda ha reunido a un grupo de expertos, del Catastro, del INE, Presidencia del Gobierno, Agencia Tributaria, Banco de España, Consejo de Economistas o ministerios de España para acumular información y nutrir la herramienta. El sistema pregunta características de la vivienda —año de construcción, si tiene ascensor o garaje, si hay piscina comunitaria, en qué planta está, y otras similares—, cuestiones que mejoran a la anterior estadística, que se basaba en un muestreo de cada zona sin más. Esos datos permiten ajustar más el importe, y dan un rango porque excluyen los extremos dentro de las muestras similares que encuentra el sistema (el 25% más barato y el 25% más caro).