Todos los trabajadores afectados por un ERTE tendrán derecho a paro

Todos los trabajadores afectados por un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) debido a la crisis sanitaria del coronavirus tendrán derecho a percibir la prestación contributiva por desempleo y ese tiempo consumido de paro no contará como gastado.

Junto a esto, y según el decreto-ley que prevé aprobar hoy el Consejo de Ministros al que ha tenido acceso Efe, todos los ERTE se considerarán de fuerza mayor si son causados por las medidas adoptadas para combatir la epidemia de coronavirus y se resolverán en un plazo máximo de siete días.

También se introducen cambios para reconocer el derecho a cobrar el paro a "las personas trabajadoras afectadas aunque carezcan del período de ocupación cotizada mínimo necesario para ello". Junto a esto, no computará el tiempo en que se perciba la prestación por desempleo "a los efectos de consumir los períodos máximos de percepción establecidos".

Asimismo, el documento apunta que tendrán consideración de fuerza mayor todos los ERTE que tengan "causa directa" en la pérdida de negocio por las medidas puestas en marcha por el Gobierno, por contagio de la plantilla o por medidas de aislamiento preventivo.

Con el objetivo de facilitar el proceso, la norma establece un procedimiento que simplifica los requisitos, de manera que las empresas que quieran acogerse a este tipo de ERTE tendrán que remitir a la autoridad laboral un informe que vincule su solicitud con las medidas del Gobierno que le han perjudicado.

La autoridad laboral resolverá la solicitud en un plazo máximo de siete días, una vez que haya recibido el informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en caso de que lo haya solicitado. Además, se reduce de 15 a 7 días el periodo de consultas con los representantes de los trabajadores o la comisión representativa de estos. También reconoce a todos los trabajadores, que acrediten deberes de cuidado a raíz de las medidas tomadas o de las circunstancias generadas por el coronavirus, el derecho a acceder a la adaptación de su jornada o a la reducción de la misma.

Entre las circunstancias excepcionales que pueden justificar estos cambios están el cierre de centros educativos o residencias o la ausencia de quien se encargaba hasta ahora del cuidado de menores o dependientes. La reducción de jornada, añaden, no requerirá preaviso alguno, más allá del que derive de la buena fe y no estará limitada en su disfrute por porcentaje mínimo ni máximo pudiendo llegar incluso al cien por cien de reducción. No se establece, en principio, la figura de una prestación de la Seguridad Social que compense esta reducción.

Sobre el teletrabajo, se añade que se entenderá por cumplida la obligación de efectuar la evaluación de riesgos con carácter excepcional, a través de una autoevaluación realizada voluntariamente por la propia persona trabajadora.

El Gobierno estudia una moratoria hipotecaria para afectados por esta crisis

Por otro lado, el Gobierno también estudia en el Consejo de Ministros de este martes la aprobación de una moratoria hipotecaria para las familias más afectadas por la crisis económica generada por la pandemia del coronavirus, según han informado a Efe fuentes del Ejecutivo.

La propuesta parte de la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y "lo razonable" sería que la moratoria se alargara durante varios meses o el tiempo que duren las consecuencias económicas de esta nueva crisis.

La moratoria librará a las familias más afectadas por esta crisis, entre ellas las que pierdan sus puestos de trabajo como consecuencia de un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), de pagar el grueso de la cuota hipotecaria durante algunos meses, explican las mismas fuentes.

No es la primera vez que España recurre a una moratoria hipotecaria, puesto que el Gobierno anterior, con Luis de Guindos en el Ministerio de Economía, ya aprobó una medida similar a finales de 2012 que contó con el máximo apoyo de la banca para frenar el drama de los desahucios que se produjeron tras la crisis financiera.

La moratoria actual formará parte de un paquete de medidas económicas mucho más ambicioso para minimizar el impacto económico provocado por la expansión de la pandemia del coronavirus, que pone en jaque a sectores estratégicos de la economía española, como son el turismo y la automoción.

Además de esta medida para aliviar la carga que suponen las hipotecas en las familias españolas, el Gobierno de coalición facilitará mediante la concesión de avales del ICO que el crédito bancario llegue en estos momentos de forma rápida a las empresas que más están sufriendo por el impacto de la pandemia.

La banca no tiene ningún problema en estos momentos para dar crédito a las empresas, puesto que la liquidez abunda, pero la incierta situación de futuro de muchas compañías puede resultar un obstáculo, argumentaban a Efe fuentes financieras.

Para evitar que esas empresas se queden sin financiación y puedan incluso verse abocadas a la quiebra, la fórmula que plantea el Gobierno es que la banca convierta la tesorería, el capital circulante de estas empresas, que tendrían aval del Estado a través del ICO, en préstamos a largo plazo.

Por eso el Ejecutivo aprobará previsiblemente hoy una nueva línea específica del ICO con este propósito, cuyo importe está aún por determinar, pero que superaría al menos los 20.000 millones e incluso podría ser ampliable hasta 50.000 millones.