La venta de productos chinos en las islas, en el ojo del huracán

La Agencia Tributaria lleva hoy a cabo una operación nacional contra la economía sumergida y el fraude fiscal en importaciones, distribución y venta de productos procedentes de China con el registro de 61 naves en polígonos de once comunidades autónomas, entre ellas Canarias, e inspecciones a 66 sociedades.

En Canarias detectadas tres, once están en Andalucía, una en Aragón, uno en Asturias, dos en Baleares, cuatro en Castilla y León, trece en Cataluña, uno en Extremadura, siete en Galicia, ocho en Madrid y diez en la Comunidad Valenciana.

El dispositivo de entrada y registro -que se prolongará al menos durante todo el día de hoy- cuenta con la participación de más de 370 funcionarios.

La Agencia Tributaria explica que las sociedades afectadas por la operación venían declarando un margen de explotación (beneficios sobre cifra de negocios) de apenas el 1,7 % de media, 20 veces inferiores a los estimados para el conjunto del sector.

Junto a esto, muchas de estas empresas realizaban operaciones millonarias y ampliaban su negocio mientras declaraban pérdidas de manera sistemática, añade Hacienda.

A su vez, en inspecciones previas a otras empresas del sector, se pudo comprobar que el 70 % de todas sus ventas y compras eran en "B".

Movimientos en efectivo
Las investigaciones previas permitieron constatar la existencia de un "intenso movimiento de efectivo" que se ingresaba en cuentas bancarias, denominadas "patera", y que sirven de instrumento para que distintos empresarios del sector envíen importantes remesas de efectivo a China.

También se había comprobado la existencia de una doble operativa de estas empresas en facturación.

Por un lado, cuando sus clientes no les exigían factura, directamente vendían en negro, en "B".

Por otro, cuando realizaban ventas a tiendas y negocios que declaraban correctamente, hacían facturas falsas para incrementar falsamente sus costes.
Pagos masivos
También se habían detectado pagos masivos en efectivo de empresarios minoristas y distribuidores en estos polígonos evitando así el IVA y superando el máximo de 2.500 euros que admite la ley.

El objetivo de estas actuaciones no pretende ser solo la regularización puntual de las empresas inspeccionadas, sino también "concienciar" a los empresarios del sector "de que esta forma irregular de funcionamiento no puede continuar" y de que la Agencia Tributaria ha emprendido una campaña de seguimiento global de las declaraciones fiscales del colectivo.