Canarias, entre las comunidades donde menos se audita el gasto de los ayuntamientos

Canarias se encuentra entre las comunidades donde menos se audita el gasto de sus ayuntamientos. En términos generales, el 90% del gasto de las corporaciones municipales no llega a auditarse, según el informe
sobre auditoría del sector público en España, publicado por el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE) y dirigido por José Manuel Vela Bargues y José Luis Zafra Gómez, profesores de la Universidad Politécnica de Valencia y la Universidad de Granada, respectivamente. 

Este estudio hace un análisis de la situación en la que se encuentran las cuentas de las Administraciones Públicas  relativamente controladas en el ámbito estatal, en peor situación en el entorno autonómico y en mala situación en el entorno local. 
De la investigación se desprende que Canarias se encuentra en la posición 14 del ranking de nivel de auditoría financiera de entre todas las comunidades autónomas. Presenta un 3,6 % de gastos auditados, un factor de ponderación del 0,9, así como un 3,24 por ciento de gastos auditados ponderados.

“Necesitamos Administraciones Públicas más transparentes para que sean más eficientes. La auditoría es una herramienta muy potente para la sostenibilidad de las cuentas públicas”, destacó Ferrán Rodríguez, presidente del ICJCE, durante la presentación de la novena Jornada de Auditoría del Sector Público, celebrada en el Col.legi de Censors Jurtas de Comptes
de Cataluña.

En el ámbito local, la conclusión es que el 90% del gasto de los
ayuntamientos no se audita. Aproximadamente se audita un 9,40% del gasto liquidado del conjunto del gasto de los Ayuntamientos españoles.

Hay que destacar que este porcentaje de gasto auditado incluye al Ayuntamiento de Barcelona, que está obligado a realizar esa auditoría
al emitir deuda en los mercados financieros. Sin Barcelona, el porcentaje de gasto auditado bajaría al seis por ciento del total del gasto de los ayuntamientos españoles. 

Los ayuntamientos que aportan un mayor nivel de información
son: 
  • San Sebastián
  • Sagunto
  • Granollers
  • San Cugat del Vallés
  • Las Rozas
  • Terresa
  • Logroño
  • Valencia
  • Valladolid
  • Barcelona, por el motivo expuesto anteriormente. 
De entre las demás grandes ciudades, Madrid, Bilbao o Sevilla, se encuentran entre las que menos información estructurada hacen pública. 

Sector público estatal
En el sector público estatal, tanto la Cuenta General del Estado (CGE)
que se presenta de manera consolidada, como el sector público empresarial, y el sector público fundacional, están sometidos a 

Las cuentas estatales están relativamente controladas, pero
precisan de mejoras en el control, ya que existe un 18% del total de entidades que no rinden cuentas o lo hacen fuera de plazo, o bien esas cuentas rendidas no se auditan, o presentan cuentas que los órganos
fiscalizadores (Tribunal de Cuentas) o auditores públicos (Intervención General de la Administración del Estado) consideran que la información que contienen presenta salvedades (errores, insuficiencias, etc). 

Presentan salvedades la propia CGE y un 13% de entidades
públicas empresariales del Estado auditadas por la IGAE, entre las que se incluyen entidades tan importantes como ADIF, el CDTI o varias Administraciones Portuarias, como Málaga, Alicante, Las Palmas, Santander y Gijón, o de varias Zonas Francas como Vigo, Cádiz o Gran Canaria.

Las cuentas estatales están relativamente controladas, pero precisan de mejoras en el control, ya que existe un 18% del total de entidades que no rinden cuentas o lo hacen fuera de plazo

Sector público autonómico
Baleares, Navarra, la Comunidad Valencia, País Vasco, Cataluña, Aragón,
Asturias y Galicia ocupan los lugares de cabeza, respectivamente, gracias a que aúnan una supervisión de la mayor parte de su gasto público, con una planificación de auditorías más sólida. Las posiciones más retrasadas, de entre las que facilitan alguna información, las ocupan Cantabria, Castilla-La
Mancha, que auditan un escaso volumen de su gasto, y además su planificación es mejorable, y La Rioja, aunque en este caso su planificación se encuentra en un nivel medio o suficiente.

La Comunidad de Madrid se encuentra en la peor de las posiciones, ya que la información que publica no permite ni siquiera evaluar su situación real. Además, la planificación de auditorías en Madrid se encuentra también entre las más defectuosas.