El déficit de ayudas de Visocan lleva al Parlamento canario a pedir la intervención de la Audiencia de Cuentas

La Comisión de Presupuestos y Hacienda del Parlamento de Canarias ha acordado este viernes por unanimidad pedir a la Audiencia de Cuentas la fiscalización de la gestión económica y financiera de la empresa pública Viviendas Sociales de Canarias (Visocan) en los ejercicios 2014, 2015 y 2016.

La iniciativa partió del PP, cuya diputada Josefa Luzardo definió a Visocan como una empresa mal gestionada que no cumple con su objeto social de promover el alquiler social de viviendas públicas protegidas y que tiene "una deuda tremenda" cuyo alcance hay que conocer.

"Se necesita una refinanciación extra de 24 millones de euros para atender los pagos hasta 2018 y hay un déficit de ayudas de alquiler de 8,5 millones", dijo la diputada, quien confió en que esta auditoría sirva para detectar si hay irregularidades en la gestión.

Elena Luis, de CC, aunque apoyó la solicitud de fiscalización de Visocan y reconoció su "situación financiera complicada", señaló que la situación es "gestionable" porque hay en marcha una operación de saneamiento y equilibrio contable.

Iñaki Lavandera, del PSOE, consideró que aunque ha habido "muchas lagunas" en la gestión de Visocan, no se trata de buscar responsables, sino de conocer la situación real para "redirigir" a esta empresa pública y evitar errores en el futuro.

Manuel Marrero, de Podemos, apoyó la iniciativa, aunque la consideró insuficiente para saber si realmente se han producido malas prácticas.

Podemos defiende la creación de una subcomisión parlamentaria que investigue la gestión de esta empresa pública desde 2009.

Esther González, de Nueva Canarias, apoyó la petición de fiscalización, pese a que considera que no es la vía para analizar su gestión, además de que es "redundante", puesto que ya ha sido auditada por la Audiencia de Cuentas en sus informes anuales sobre las cuentas de la Comunidad Autónoma.

Jesús Ramón Ramos Chinea, de ASG, se mostró de acuerdo en conocer los problemas financieros de esta empresa pública cuya gestión ha generado muchas quejas por parte de los ciudadanos.