La iniciativa partió del PP, cuya diputada Josefa Luzardo definió a Visocan como una empresa mal gestionada que no cumple con su objeto social de promover el alquiler social de viviendas públicas protegidas y que tiene "una deuda tremenda" cuyo alcance hay que conocer.
.@pepaluzardo logra respaldo @parcan para que #AudienciaCuentas fiscalice gestión económico-financiera de Visocan 2014-2016 @ppdecanarias pic.twitter.com/OWCZaKZsAb
— PPParlamentoCanarias (@PPparcan) 6 de octubre de 2017
Elena Luis, de CC, aunque apoyó la solicitud de fiscalización de Visocan y reconoció su "situación financiera complicada", señaló que la situación es "gestionable" porque hay en marcha una operación de saneamiento y equilibrio contable.
Manuel Marrero, de Podemos, apoyó la iniciativa, aunque la consideró insuficiente para saber si realmente se han producido malas prácticas.
Apoyamos la propuesta de fiscalización de Visocan pero entendemos q la situación es superable con la programación q diseña @hacienda_gobcan pic.twitter.com/95tXHTuKSA
— gnacionalistacanario (@gnacionalista) 6 de octubre de 2017
Podemos defiende la creación de una subcomisión parlamentaria que investigue la gestión de esta empresa pública desde 2009.
Esther González, de Nueva Canarias, apoyó la petición de fiscalización, pese a que considera que no es la vía para analizar su gestión, además de que es "redundante", puesto que ya ha sido auditada por la Audiencia de Cuentas en sus informes anuales sobre las cuentas de la Comunidad Autónoma.