El presidente y portavoz de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias (ADSPC), Guillermo de la Barreda, cree que la Covid-19 ha evidenciado la necesidad de contar en esta región con una Ley de Salud y Sanidad que permita reforzar sus servicios de Salud Pública.
El traumatólogo ha criticado en un comunicado que el pretendido Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias residencie en la "colaboración público-privada", un "mantra de los gobiernos neoliberales" que considera "una falacia, dada la divergencia de intereses de ambos sectores", el desarrollo de "las capacidades sanitarias" necesarias en las islas para hacer frente a las prioridades de salud pública y asistencia sociosanitaria.
A su juicio, el actual sistema sanitario, "orientado esencialmente al tratamiento de enfermedades crónicas originadas en determinantes económicos, sociales y medioambientales, no está adaptado para hacer frente a epidemias infecciosas que parecían superadas para siempre y reducidas a países pobres".
Por eso, considera que la pandemia de la COVID-19 ha puesto en evidencia "la debilidad de nuestros servicios de salud pública, poco desarrollados desde siempre, pero penalizados especialmente con los recortes".
A su juicio, el actual sistema sanitario, "orientado esencialmente al tratamiento de enfermedades crónicas originadas en determinantes económicos, sociales y medioambientales, no está adaptado para hacer frente a epidemias infecciosas que parecían superadas para siempre y reducidas a países pobres"
De la Barreda insiste en la necesidad de desarrollar la Ley General de Salud Pública, "aprobada en 2011 y puesta en hibernación por los gobiernos del PP" y de reforzar los servicios de epidemiología y de lucha contra las enfermedades infecciosas.
"A estas alturas del año 2020, y con mucha más fuerza si cabe, seguimos precisando en Canarias una Ley de Salud y de Sanidad con mayor nivel e integración de lo epidemiológico, sanitario, sociosanitario, social, preventivo, asistencial. Una ley que integre la Ley de Sanidad y la Ley de Salud Pública. Que por un lado actualice la obsoleta Ley 11/94 de Ordenación Sanitaria de Canarias y, por otro, concrete la Ley General de Salud Pública", asevera.
El presidente de la ADSPC recuerda que esas fueron las motivaciones para la presentación, en 2010, de 25.000 firmas que respaldaron la Iniciativa Legislativa Popular para la Defensa y Promoción de la Salud y la Sanidad Pública en Canarias en el Parlamento de Canarias, que fue tomada en consideración el 7 de marzo de 2012 "y que lleva cuatro legislaturas esperando para ser útil en la elaboración de la necesaria Ley Canaria de Salud y Sanidad".
De la Barreda se muestra partidario de "abolir toda forma de privatización para frenar el saqueo de los presupuestos públicos en beneficio del sector privado y la corrupción sanitaria".
Por eso, la asociación que preside pide que "se analice la aplicación de los conciertos y sus consecuencias para la sanidad pública y para la población", de forma que "en un periodo transitorio, la política de concertación cubra solamente, y por tiempo muy definido, las carencias que han situado a Canarias a la cola de las comunidades autónomas españolas".