Valido quiere demostrar con hechos los avances en la gestión de la Ley de Dependencia

La consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido, se ha comprometido en el Parlamento regional a demostrar "con hechos" los avances en la gestión y prestaciones de la ley de dependencia gracias a las reformas estructurales que está promoviendo.

El Gobierno canario, los cabildos y los ayuntamientos "llevamos años trabajando por separado, cada uno con sus planes, su estrategia y su financiación, sin dar una respuesta conjunta", ha reconocido Cristina Valido, y por eso la Comunidad Autónoma "llega diez años tarde" en la organización del servicio como se hace en el resto de comunidades autónomas.

En otros lugares las comunidades autónomas, las diputaciones y los ayuntamientos "forman parte del mismo equipo", de manera que las entidades locales agilizan los trámites de reconocimiento del programa individual de atención de cada dependiente (PIA) y aportan informes sociales que en Canarias retrasan el trabajo de la administración autonómica, explicó Valido durante una comparecencia en comisión parlamentaria.

Su propósito para remediar esto es coordinar el trabajo con ayuntamientos y cabildos, a los que el Gobierno de Canarias facilitará financiación para que colaboren.

Ha reconocido que hay reticencias entre las corporaciones locales porque sus servicios sociales han sido muy recortados durante la crisis, justo cuando más vecinos "llamaban a sus puertas" en busca de ayuda, pero insistió en que la voluntad del ejecutivo es colaborar todas las administraciones, no "pasarle el muerto de la dependencia" a otros.

Para Valido, "lo fácil sería más de lo mismo" dadas las dificultades de que las administraciones locales se impliquen.
Pero "ya tengo el okey de muchos municipios y de cuatro cabildos importantes", dijo, así que "voy a demostrar con hechos que están equivocados" los que ponen en duda que estos avances estructurales en la gestión no darán resultado, ha subrayado.

Esos avances no serán "de hoy para mañana", porque se necesita "formación, acostumbrarse a trabajar juntos" y eliminar reticencias y desconfianzas entre las administraciones.

Pero los cambios se notarán y permitirán que en un futuro las incorporaciones al sistema de dependencia se produzcan de manera sistemática y natural, sin engorros, ha explicado Valido.

Ha concretado que con los cabildos se trabaja en particular con los dependientes de grado uno y en general se busca también que las corporaciones insulares y locales puedan prestar esos servicios con la financiación de la Comunidad Autónoma.

"Es fundamental que los municipios tengan equipos de base potentes y que la gente sea atendida en la primera puerta que toca, sin tener que dar tumbos en otras administraciones", ha afirmado.

Simultáneamente, la Consejería trabaja en otros frentes y así en breve se van a incorporar catorce nuevos trabajadores sociales contratados con cargo al crédito extraordinario aprobado en julio, lo que agilizará la adjudicación de los programas individuales de atención.

Además, se trabaja en un acuerdo con los cabildos por 300 millones de euros para la creación de 5.000 nuevas plazas residenciales en diez años.

Para Cristina Valido, lo prioritario en dependencia es ofrecer el servicio adecuado, ya sea residencial o a domicilio, antes que la prestación económica, que debe ser el último recurso.

La consejera, con más o menos matices, ha encontrado el reconocimiento de la oposición, excepto el del PP, bien por las medidas que está emprendiendo o como mínimo por al menos reconocer la magnitud del problema en Canarias, la comunidad más retrasada en este servicio.
Reacciones de los diferentes partidos políticos

La diputada del PP Josefa Luzardo dio "un cero" a Cristina Valido por su gestión en los nueve meses que lleva en el cargo y le reprochó que ahora pretenda que los ayuntamientos y cabildos "le resuelvan la papeleta".

Teresa Cruz, del PSOE, criticó que el Gobierno de Canarias solo facilite plazas residenciales y no dé importancia a la ayuda a domicilio o a la financiación de asistentes personales.

Noemí Santana, de Podemos, denunció el incumplimiento de los plazos para tramitar y resolver los expedientes y para prestar a los ciudadanos unos servicios a los que tienen derecho, aunque reconoció que parece que hay "una incipiente mejoría de los datos". 

Luis Campos, de Nueva Canarias, denunció que Canarias no termina de "despegar" en dependencia y subrayó que mientras en las islas los beneficiarios son 17.600 personas, en el País Vasco, con una población similar, son 60.000.

Melodie Mendoza, de ASG, reconoció las mejoras en la gestión de la Consejería y mostró su confianza en que se va a agilizar la tramitación de expedientes y prestaciones.

Elena Luis, de CC, admitió que Canarias está "a la cola" en dependencia, pero "hay un camino iniciado y se están implantando un montón de medidas que empiezan a dar resultados". .