El Gobierno canario negociará las rebajas fiscales del PP para aprobar los presupuestos

El Gobierno de Canarias ha aceptado este martes negociar las rebajas fiscales propuestas por el PP para la aprobación de los presupuestos autonómicos de 2019, que incluyen una reducción del tipo general del IGIC del 7% al 5%, así como situarlo en el 0% para pan, aceite y pastas, electricidad, telecomunicaciones y todos los servicios públicos y privados de atención social, entre otras medidas. 

El presidente del ejecutivo, Fernando Clavijo, y la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, se han reunido con la portavoz parlamentaria del PP, Australia Navarro, y el diputado responsable de presupuestos, José Tomás Estalella, y han acordado constituir una comisión para negociar la inclusión de las medidas propuestas por los populares en el anteproyecto de presupuestos que el ejecutivo remitirá al Parlamento antes de final de mes.

Dada la minoría de CC en el Parlamento, el presidente Clavijo tiene tres opciones, enumeró Australia Navarro tras la reunión: prorrogar los actuales presupuestos, buscar el apoyo de la izquierda con su "voracidad fiscal" o estudiar las propuestas del PP.

La consejera de Hacienda, Rosa Dávila, aclaró que el Gobierno es partidario de contar con nuevos presupuestos para dar estabilidad a Canarias, y adelantó que serán expansivos, aunque limitados por la regla de gasto a un 27% sobre los de 2018.

Aunque no ha querido hacer pública el coste de las medidas fiscales propuestas, Australia Navarro aseguró que el PP las tiene evaluadas y en su opinión son perfectamente asumibles dada la recuperación económica y el aumento presupuestario. También son compatibles con una mejor financiación de los servicios públicos esenciales, lo cual también defienden los populares.

Rosa Dávila, dijo que la bajada de impuestos propuesta por el PP está en la línea de lo que ha hecho el Gobierno esta legislatura y lo que quiere seguir haciendo, pero señaló que "hay que analizarlo" en el marco a necesidad de financiar mejor los servicios públicos y de las limitaciones impuestas por la ley de estabilidad presupuestaria.

La posibilidad de que se flexibilice el techo de gasto para poder disponer del superávit presupuestario, supondría contar con 498 millones de euros adicionales, subrayó Dávila.