El Gobierno de Canarias pone en marcha oficinas de apoyo a ayuntamientos por la Ley de Suelo

La Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias pondrá en marcha desde el viernes 1 de septiembre las oficinas de apoyo a los gabinetes técnicos de los ayuntamientos sobre la Ley del Suelo, que ha entrado en vigor.

Las oficinas estarán en los municipios de Arrecife, Puerto del Rosario, San Sebastián de La Gomera, Valverde y Los Llanos de Aridane y su personal estará compuesto por juristas y arquitectos.



En los próximos meses, las oficinas se irán dotando de más personal, en función de las necesidades de los ayuntamientos y del volumen de trabajo, ha informado la Consejería en un comunicado.

A mediados de septiembre comenzará un plan de formación específico sobre la ley dirigido a técnicos municipales, insulares y del Gobierno de Canarias.

El primer curso, organizado en colaboración con la Fecam, se impartirá en Gran Canaria y Tenerife, tendrá una duración de seis semanas y abordará los problemas de cabildos y ayuntamientos para redactar sus planeamientos.

Habrá formación continuada todas las islas en función de las necesidades que trasladen las administraciones locales.

Los cinco reglamentos de desarrollo de la ley están en periodo de información pública hasta el 15 de septiembre, tras lo cual se redactarán los textos articulados, se solicitarán informes y se someterán a exposición pública.

Los reglamentos desarrollan aspectos como el Registro de Planeamiento de Canarias, los instrumentos de ordenación ambiental, territorial y urbanística, el régimen jurídico de la gestión urbanística, los procedimientos administrativos, las garantías los ciudadanos y el Observatorio del Paisaje de Canarias.

Según el Gobierno, la norma simplifica procesos y trámites, garantiza los procedimientos de evaluación, da seguridad jurídica y transparencia y da más participación al ciudadano.

El sector agrícola y ganadero podrá desarrollar en sus fincas actividades complementarias como restauración, transformación y venta de productos y alojamiento turístico si lo autoriza el plan insular y sin superar seis camas.