Ascav reprocha el uso "demagógico" de los datos del último informe

La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav) pedirá una reunión con el nuevo consejero de Turismo del Gobierno de Canarias, Isaac Castellano, así como con todos los cabildos, para evaluar la situación de estas viviendas en cada isla y dar una información "clara y transparente".

En un comunicado Ascav reprocha el uso demagógico que a su juicio se está haciendo de los datos del último informe elaborado por parte del Gobierno de Canarias de las viviendas vacacionales en 2016, sobre el que indica que no es cierto que sólo el 10 por ciento están regularizadas.

Ascav afirma como ejemplo que en Fuerteventura sólo hay 279 licencias concedidas y 1.500 expedientes en trámite, tal y como reconocieron en el último Consejo de Turismo los técnicos del Cabildo, esto no supone que las que están en curso sean ilegales.

En Tenerife, agrega, se amontonan los expedientes y tardan en resolverse casi un año dada la saturación administrativa en la corporación insular, por lo que tampoco son ilegales, y una situación similar ocurre en Lanzarote, afirma Ascav.

La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional señala que seguirá realizando acciones abiertas informativas en todas las islas respecto a cómo actuar "ante la incertidumbre normativa" y la situación del decreto que regula la vivienda vacacional en Canarias.

Recuerda que el decreto ha sido reprobado hasta en tres ocasiones por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias por atentar contra principios básicos de Derecho, lo que genera "una situación de KO normativo sin precedentes" de la que no cabe responsabilizar a propietarios e intermediarios que desde 2014 piden una regulación justa que no ha llegado y ante la que han tenido que pronunciarse los tribunales.

Precisa que la cuota de mercado de la vivienda vacacional en Canarias se ha reducido en un 1,71 por ciento en 7 años y critica la campaña de "desprestigio y demonización social" del sector "que parte tristemente desde algunas de nuestras propias instituciones", a las que pide responsabilidad, diálogo y consenso para proteger el interés y bienestar general como principal prioridad.