Bermúdez: "Alerté al Juzgado de que Plasencia quería vender un edificio"

El exalcalde de Santa Cruz de Tenerife José Manuel Bermúdez (CC-PNC) ha afirmado que siempre ha estado "al lado de la Justicia" en el caso de Las Teresitas y ha asegurado que él mismo alertó al Juzgado de la intención del empresario Antonio Plasencia de efectuar la venta millonaria de un edificio.

José Manuel Bermúdez, que es el presidente del grupo municipal CC-PNC en el Ayuntamiento capitalino, señala en un comunicado que desde 2011, año en que accedió a la Alcaldía, mantuvo inalterada su estrategia jurídica para recuperar el dinero invertido en la compra del frente de la playa de Las Teresitas con independencia de los procesos judiciales que se fueron dirimiendo y siempre en defensa del interés público.

Frente a las declaraciones hechas este miércoles por la alcaldesa, Patricia Hernández, que presentó como nueva la solicitud de ejecuciones de sentencia o la información de acciones sobre un edificio de uno de los condenados por el citado caso, Bermúdez "desmiente categóricamente la supuesta originalidad de estas acciones", al tiempo que insiste en que la titularidad de las mismas corresponden a la Justicia.

El exalcalde recuerda que el pasado 29 de marzo, justo un día después de conocerse la firmeza de la sentencia por parte del Tribunal Supremo, dictó una instrucción por la que ordenó a la asesoría jurídica municipal continuar con todas aquellas actuaciones necesarias, por sus propios medios o con asistencia técnica de terceros, para dar cumplimiento a las sentencias en relación a la compra del frente de la playa de Las Teresitas.

“Es más esa instrucción reiteraba lo dispuesto en otra, dictada en abril de 2017, justo el mismo día de notificarse la sentencia de la Audiencia Provincial sobre el particular, y ambas formaban parte de las actuaciones de los dos últimos años en relación a este asunto, para salvaguardar el interés general. De hecho, ambas fueron dictadas inmediatamente después de conocerse cada una de las sentencias”, explica.

Bermúdez insiste en que se ha sumado a cuantas acciones ha emprendido la Fiscalía y con absoluto respeto al asesoramiento de los servicios jurídicos municipales y en particular, a la solicitud de medidas cautelares planteadas en su momento por el Ministerio Fiscal para asegurar la totalidad de las cantidades que en concepto de responsabilidad civil derivada de los delitos reconoce la sentencia a favor del Ayuntamiento.

Precisamente el citado acuerdo recogió que el importe afianzado por los condenados (26.010.132 euros) no garantizaba el pago de las responsabilidades civiles impuestas, dado que era menor que el importe de la indemnización civil fijada en la sentencia (52.588.156,85 euros) y de los intereses correspondientes (9.159.884,67 euros).

El Ministerio Fiscal solicitó que se requiriera a todos los condenados para que, en el plazo que fijara el tribunal, designaran bienes realizables, como saldos de cuentas bancarias, depósitos o productos financieros, imposiciones a plazo, fondos de inversión, valores, títulos, acciones, deuda financiera, contenido de cajas de seguridad, participaciones sociales u otros activos financieros, así como bienes muebles o inmuebles, suficientes para garantizar el pago de la totalidad de indemnizaciones a cuyo pago se les condena en la sentencia.

La Fiscalía también propuso en ese momento que subsidiariamente y para el caso de que no se cumpliera el anterior requerimiento, o que los bienes designados fueren insuficientes, se acordaran medidas como el bloqueo y retención de activos financieros o el embargo de bienes muebles o inmuebles que estuvieran a nombre de los condenados, de forma directa o indirecta.

Bermúdez sostiene que la estrategia municipal de solicitar medidas cautelares, una vez conocida la sentencia de la Audiencia Provincial, fue la opción más segura y prudente, en tanto aquella aún no era firme.

Bermúdez insiste en que se ha sumado a cuantas acciones ha emprendido la Fiscalía y con absoluto respeto al asesoramiento de los servicios jurídicos municipales y en particular, a la solicitud de medidas cautelares planteadas en su momento por el Ministerio Fiscal para asegurar la totalidad de las cantidades que en concepto de responsabilidad civil derivada de los delitos reconoce la sentencia a favor del Ayuntamiento

En ese momento se descartó solicitar formalmente la ejecución de la sentencia puesto que si el Tribunal Supremo hubiera atendido el recurso de los afectados, el Ayuntamiento se hubiera visto obligado a devolver las cantidades previamente ingresadas, más los intereses del 3 por ciento y posibles reclamaciones por daños y perjuicios.

Por otra parte, en lo relativo a la supuesta novedad de acciones contra la posible venta de un inmueble de uno de los condenados, Bermúdez incide en que “ya en enero de este mismo año, el Ayuntamiento dio instrucciones a sus Servicios Jurídicos para que informaran al Juzgado de Instrucción Número 1 de Santa Cruz, que instruía el denominado caso Las Teresitas, sobre la venta millonaria de un edificio por parte de uno de los condenados en esta causa, el empresario Antonio Plasencia.

Así, el anterior equipo de gobierno, con el alcalde Bermúdez a la cabeza, se anticipaba y pretendía que el órgano judicial “tuviera en cuenta la existencia de esa cantidad de dinero en caso de que la sentencia judicial del Supremo fuera firme en su condena a Antonio Plasencia y al también empresario Ignacio González, que debían indemnizar al Ayuntamiento con 52,5 millones de euros, más los intereses”.

José Manuel Bermúdez entiende que “este desmesurado afán por presentar como originales y propios resoluciones o procedimientos correspondientes a los juzgados, además del acostumbrado relato de que antes del actual equipo de gobierno no se hizo nada en Santa Cruz, no se lo cree ya nadie, y menos los vecinos y las vecinas del municipio, que depositaron en las urnas el apoyo mayoritario a nuestro modelo de gestión”.