ADSPC: "La hospitalizacion media en clínicas privadas sigue vulnerando la ley"

Tubigú

La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias considera que las clínicas privadas a los que se han adjudicado servicios de hospitalización de media estancia "siguen vulnerando, hasta la fecha, los requisitos de homologación previstos legalmente" para poder hacerlo, según ha anunciado este martes.

Esta organización, mediante un comunicado, ha dado a conocer la admisión a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias de una demanda que presentó en julio de 2020 contra la Consejería de Sanidad regional para que se anule la contratación de servicios de hospitalización de media estancia a pacientes derivados del Servicio Canario de la Salud que cuestiona.

Los cuales están "afectados de nulidad de pleno derecho por haber prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido" al asignarlos a los centros privados que los prestan, sostiene.

Sector de las clínicas privadas

La asociación expone que la supuesta ilegalidad que denuncia se produjo al adjudicar esos servicios mediante un llamado Acuerdo Marco de Contratación que, vulnerando la normativa vigente, se impulsó cuando era consejero de Sanidad José Manuel Baltar, quien lo hizo pese a su "situación de manifiesta incompatibilidad", pues había sido ejecutivo hasta "solo un año antes" en el sector de las clínicas privadas "con intereses evidentes" en el asunto, asegura.

Y relata que "Baltar había dictado durante el concurso para los nuevos contratos de Acuerdo Marco la Orden de 27 de marzo de 2018 al efecto de dejar suspenso por el plazo de un año los requisitos establecidos en la Orden de 28 de noviembre de 2006, lo que favorecía a la homologación de las clínicas privadas que se habían presentado".

Algo que afirma que llevó a cabo sin respetar los procedimientos establecidos para un cambio de esa naturaleza y que se ha prolongado luego a raíz de una carta que en su momento envió uno de sus subordinados en la Consejería.

La organización añade que dicha carta no ha sido revocada, con lo cual -insiste-, "al amparo de la misiva, que no ha sido publicada en ningún boletín oficial y no constituye una resolución administrativa con capacidad suficiente", "los centros sanitarios privados siguen vulnerando, hasta la fecha, los requisitos de homologación previstos legalmente".

Y "todo ello generando perjuicios a los usuarios del sistema público de salud", apostilla, señalando que, en consecuencia, su esperanza es que los tribunales le den la razón y acaben con la situación que denuncia.

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