No obstante se cree que "la utilización de teléfonos móviles tiene un gran potencial educativo pero, al mismo tiempo, es una distracción para el alumnado y supone un riesgo potencial de que se vulnere el derecho a la intimidad de los miembros de la comunidad educativa".
Esto en Canarias pero en la Comunidad de Madrid ya informó hace unas semanas que prohibirá a partir del curso lectivo 2020-2021 el uso de teléfonos móviles en los colegios públicos y concertados, con el propósito de mejorar los resultados académicos y de combatir el ciberacoso y el bullying en los centros escolares.
Según fuentes de la Consejería de Educación, que confirman una información al respecto del diario 'el Mundo', la medida afectará a más de 800.000 alumnos de 1.700 centros educativos y pretende mejorar los resultados académicos de los alumnos, especialmente de aquellos que tienen mayores dificultades para el estudio. "Además, con esta medida queremos dar un nuevo paso en la lucha contra el ciberacoso y el bullying en los centros escolares", dice Educación.
El proyecto de la Consejería prevé que los docentes y la dirección de los centros educativos podrán retirar los móviles de los alumnos que incumplan esta obligación, que les serán restituidos según la normativa aprobada por el centro.
La excepción del uso está centrada si se trata de un proyecto educativo "y siempre con fines didácticos"
Las excepciones a la prohibición se darán en los casos en que esté "expresamente previsto" en el proyecto educativo "y siempre con fines didácticos", dice Educación, de manera que los centros, dentro de su autonomía de gestión, "podrán limitar su uso en otros periodos, actividades y espacios de su competencia".
Además, la normativa permitirá el uso de tales dispositivos a los alumnos que los necesiten por razones de salud o discapacidad, conforme a lo dispuesto en la normativa de convivencia.
Esta decisión de las autoridades educativas regionales precisará un cambio en el artículo 42 del Decreto 32/2019, que regula la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid, por cuanto hoy por hoy es el propio centro escolar el que establece sus propias normas de conducta acerca de los usos de los móviles.
Según Educación, la normativa se aplica "en los centros públicos y en los privados concertados", por lo que a los colegios privados no les afecta la reforma del decreto y "se regirán por su normativa interna".
En septiembre pasado, la ministra de Educación y Formación Profesional en funciones, Isabel Celaá, recordó que los centros educativos son autónomos para determinar el uso de los móviles en los colegios, al comentar un anuncio al respecto del consejero madrileño de Educación, Enrique Ossorio.
"Me parece que todos los centros educativos de España tienen autonomía organizativa y de gestión", dijo la ministra, a quien le parecía "más interesante" que cada centro educativo "sea capaz de ejercerla y ver que en determinada aula se necesitan los móviles para seguir una lección o sencillamente dejarlos fuera del aula".
La normativa sujeta a cada Comunidad
La prohibición está contemplada en el punto 28 de los 155 que suscribieron el PP y Ciudadanos en el acuerdo para el Gobierno de la Comunidad de Madrid, y forma parte de su Estrategia Integral para la Convivencia Escolar en la Comunidad de Madrid.
"Aseguraremos la convivencia en las aulas, lucharemos contra el acoso escolar y promoveremos el respeto, la autoridad y la dignificación del profesorado", dice el acuerdo.
Y añade: "Prohibiremos la utilización de los teléfonos móviles en horario lectivo en todos los centros educativos sostenidos con fondos públicos en la Comunidad de Madrid".