En el texto, publicado por El País, los responsables de Educación de estas nueve comunidades aseveran, en referencia a la medida de Vox para que los padres den su consentimiento a actividades con contenidos morales o sexuales, que "el veto y la censura no son admisibles en las instituciones educativas".
"Los poderes públicos están obligados a proteger el derecho a la educación, recogido en el artículo 27 de la Constitución"
Subrayan que los poderes públicos están obligados a proteger el derecho a la educación, recogido en el artículo 27 de la Constitución, y los derechos fundamentales de los menores.
Unos derechos entre los que se encuentran el de la información, la libertad ideológica, la libertad de expresión, el de ser oído y escuchado, y los de participación, asociación y reunión.
Y aluden los consejeros de Educación al "interés superior del menor y a su preparación para el ejercicio de una ciudadanía activa" como "imperativos legales".
Sostienen además que, por ley, la información suministrada a los menores debe ser siempre "veraz, plural y respetuosa con los principios constitucionales”.
Y que, por lo tanto, iniciativas como la prohibición de actividades a los menores, por parte de sus tutores, en el ámbito escolar, como la del llamado pin parental, "no tienen cabida en nuestro sistema educativo".
Los consejeros de Educación socialistas -el secretario de Educación de Compromís en el caso de Valencia- recuerdan que el cauce participativo de los progenitores reside en las asociaciones de madres y padres del alumnado "que son actores fundamentales y que habilitan un diálogo permanente con el profesorado y las autoridades educativas".
Y explican que en los colegios e institutos, a través de sus Consejos Escolares y proyectos de centros, la comunidad educativa (profesores, padres y alumnado) acuerda sus programaciones pedagógicas bajo la supervisión de la Inspección "que es la encargada de validarla con criterios científicos y jurídicos".
Oportunidades de aprendizaje
"Pretender restar oportunidades de aprendizaje" a los menores impidiendo su participación en actividades con el resto de sus compañeros "les impone una anómala exclusión en horario escolar y atenta contra los derechos de los menores, que los padres, madres y tutores, al igual que el profesorado, están obligados a proteger, por imperativo legal", remarcan.En su opinión, "la libertad nunca se puede expresar mediante vetos o censuras" por lo que consideran que quienes respaldan esta medida buscan "polémicas estériles por su nulo recorrido jurídico y pretenden quebrar la convivencia escolar y la cultura del diálogo y la deliberación para imponer un autoritarismo ciego y acrítico".
"Esgrimen títulos de propiedad sobre los menores negando su condición de sujetos de derecho", lamentan los consejeros de Educación.
Y concluyen que, como responsables en sus comunidades de proteger y garantizar el derecho a la educación de los menores y sus derechos fundamentales recogidos en la Constitución y en otras leyes vigentes, "los vetos y censuras son absolutamente incompatibles con el fomento del desarrollo de la autonomía y de la independencia de juicio de los menores que es la misión de la educación".