El diputado del Común, Jerónimo Saavedra, pidió hoy los cambios legales que hagan falta para reformar la "complicadísima" estructura administrativa canaria, en la que se solapan las competencias autonómicas, insulares y locales, una "situación catastrófica" que se traduce en pérdida de fondos para la dependencia.
Canarias pierde hasta tres millones de euros anuales en dependencia que aportaría el Estado debido a su incapacidad para incorporar al sistema las ayudas a domicilio que prestan los ayuntamientos, puesto que los fondos estatales que se reciben están en función de las prestaciones que se abonan.
Saavedra pidió la ayuda y colaboración del Parlamento en este asunto, porque las opciones son recibir la ayuda del Estado y dejar "el furgón de cola" de España o "seguir viviendo por nuestra cuenta".
La violencia de género
En materia de violencia de género, Saavedra reprochó al Gobierno de Canarias la escasez de personal de médicos y psicólogos forenses en el Instituto de Medicina Legal, lo que "ralentiza hasta seis meses los informes preceptivos solicitados por jueces y fiscales".
Además, el Diputado del Común afirma que existe una falta de coordinación de los servicios insulares de violencia de género con la administración de justicia.
La política canaria respecto a los menores también fue criticada por Saavedra, ya que "pese a que todos los políticos se reúnen para festejar aniversarios como el de Unicef, se olvidan del compromiso adoptado en 2014 de desarrollar un plan canario de la infancia y la familia que sustituya al desfasado de 1999".
"Pese a que todos los políticos se reúnen para festejar aniversarios como el de Unicef, se olvidan del compromiso adoptado en 2014 de desarrollar un plan canario de la infancia y la familia que sustituya al desfasado de 1999
La vivienda es otra de las preocupaciones del Diputado del Común, ya que, por más que lo ha intentado, el Gobierno canario no le ha facilitado el censo de viviendas públicas vacías u "okupadas".
La información parcial que ha recibido del Instituto Canario de la Vivienda solo le fue remitida bajo amenaza al director de este departamento con declararlo obstruccionista con la institución, reveló.
Desde enero de este año también figura como obstructor el Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife por el mal funcionamiento del turno de oficio.
El Diputado del Común también habló a los diputados de la proyección internacional de esta institución, y en particular de su preocupación por los derechos humanos de los desplazados y migrantes que buscan refugio en Europa y por la situación en países africanos vecinos, donde perviven castigos en el código penal como cortar una mano a delincuentes o la pena de muerte.
"No somos conscientes" de lo que hay a 200 kilómetros de nuestras costas, dijo Saavedra tras relatar sus conversaciones con las comisiones de derechos humanos de países africanos, y subrayó que no se trata de preocuparse solo por las relaciones comerciales, sino también de estas cuestiones.
En cuanto a los refugiados, se refirió a un reciente encuentro de defensores del pueblo en Euskadi en el que denunciaron que España solo haya recibido a 1.000 cuando le corresponden 18.000 y las comunidades autónomas están preparadas para acogerlos.
Pidió a los parlamentarios canarios que sean sensibles sobre este asunto, ya que tras ese encuentro de defensores del pueblo informó al ejecutivo regional y a la cámara por escrito de esta situación sin haber recibido respuesta de ninguna de las dos instituciones.
"Les ruego que tomen nota y que los grupos parlamentarios adopten medidas, porque es uno de los grandes problemas de derechos humanos que tenemos como sociedad", dijo Saavedra a los diputados.
En cuanto a la proyección internacional de la institución, también informó de que el Diputado del Común lidera un proyecto europeo apoyado por el Proveedor de Justicia de Portugal para reforzar el conocimiento de estas instituciones y de los derechos humanos, así como promover la formación de funcionarios, en Azores, Madeira, Senegal, Cabo Verde y Mauritania.