Trump y su mano dura contra los presos

Donald Trump sigue cumpliendo como puede con las medidas que anunció que tomaría durante la campaña electoral, buena parte de ellas contrarias a las que adoptó Barack Obama. En materia de seguridad han sido varias las que ya ha adoptado y, sin duda, una de las más llamativas, pese a su limitado efecto, ha sido la anulación de la normativa implementada por su predecesor, Barack Obama, para que los presos bajo custodia de las autoridades federales no pudieran ser alojados en prisiones privadas, 

La anterior Casa Blanca consideró a estos recintos menos eficaces y menos seguros que las públicos. Por eso en agosto de 2016 aprobó una medida, que instaba a reducir o permitir que expiraran los contratos del Ejecutivo con compañías privadas encargadas de gestionar cárceles. 

"Ese memorando (de Obama) cambió políticas y prácticas que llevaban mucho tiempo en marcha, y mermó la capacidad de la Oficina (BOP) para hacer frente a las necesidades futuras del sistema correccional federal. Por tanto, ordeno a la Oficina que vuelva a su anterior enfoque", escribió el secretario de Justicia de EEUU, Jeff Sessions, en la orden que envió a la Oficina Federal de Prisiones (BOP).  

Numerosas organizaciones no gubernamentales han denunciado en los últimos años las precarias condiciones de los centros penitenciarios de control privado en Estados Unidos, alegando que la búsqueda de beneficios económicos incurría en la atención deficitaria a los presos, causando numerosos altercados. 

No obstante, el impacto de la acción de Sessions es limitado, dado que la mayoría de los presos del país están detenidos en prisiones estatales, no federales. Al menos hasta mediados del año pasado, cuando el Gobierno de Obama hizo su anuncio, solo había 13 prisiones federales controladas por empresas privadas en todo el país, con unos 22.000 presos detenidos en ellas. 

Ni la orden de Sessions ni la emitida el año pasado por el Gobierno de Obama afectan a los centros de detención de inmigrantes que están gestionados de manera privada, ya que estos dependen del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) y no del Departamento de Justicia